Un fallo histórico de la justicia chilena estableció un precedente en la lucha contra los ataques digitales. Un tribunal civil de la región de Coquimbo ordenó a una mujer indemnizar con $3.000.000 a una comerciante que fue objeto de insultos y amenazas a través de las redes sociales.
La resolución resalta cómo estas agresiones afectan la salud mental de las víctimas, reconociendo el daño emocional como un perjuicio que debe ser compensado.
En el fallo, el magistrado Ismael Fuentes Navarrete dio lugar a la demanda de indemnización de perjuicios entablada por considerar que los insultos y amenazas proferidas provocaron fundado temor y daño psicológico a la víctima.
¿Cómo comenzó el caso?
El conflicto se originó en el año 2023, a raíz de un desacuerdo en una transacción en una plataforma de compraventa en línea. Lo que inicialmente parecía un simple error comercial se transformó en una serie de agresiones.
La atacante envió mensajes amenazantes a la comerciante, acompañados de fotos de sus familiares, las cuales había obtenido mediante una investigación en redes sociales. Este comportamiento provocó semanas de temor y ansiedad en la víctima.
La situación fue tan grave que la víctima, después de semanas de vivir bajo una constante sensación de miedo e incertidumbre, decidió buscar ayuda profesional. Acudió a un Centro de Salud Familiar (Cesfam), donde fue evaluada por un equipo de salud mental, que finalmente la diagnosticó con un daño emocional significativo como resultado de las amenazas sufridas.
El tribunal condenó a la demandada al pago de $3.000.000 por daño moral, monto que deberá reajustarse desde que la sentencia quede efectuada.
¿Se puede revocar el fallo?
Aunque la resolución es firme, ambas partes pueden apelar ante la Corte de Apelaciones. La víctima podría solicitar un aumento en la indemnización, y la demandada intentar revertir el fallo. Si el caso llega a la Corte Suprema, se dictará la sentencia final.
