¡Alerta de contraataque! Pues para entrar en contexto, cabe recordar que Paulina de Allende-Salazar interpuso una demanda en contra de Mega luego de ser despedida en abril. Todo esto tras llamar «paco» a Daniel Palma, carabinero que murió en medio de un procedimiento policial.
Antes esto y en la acción legal presentada, la comunicadora pidió unas disculpas públicas y 421 millones de pesos de indemnización.
Los descargos de Mega luego de la demanda de Paulina de Allende-Salazar
Dicho esto y como era de esperar, la casa televisiva no se quedó callada y respondió ante esta situación. Puso sobre la mesa un antecedente que expone una sanción por un supuesto «maltrato laboral».
Así sostuvieron en el texto, según consigna Glamorama. «El informe de la investigación por acoso laboral concluyó que la forma de comunicar instrucciones y supervisión por parte de la periodista genera menoscabo, humillación e inseguridad profesional, y más aún cuando no cumplen sus expectativas».
De esta manera, la señal señaló que «la denunciada, según las distintas declaraciones de testigos entrevistados, transmite una actitud de superioridad, de estar sobre cualquiera en su ámbito profesional y lo va verbalizando cada vez que interactúa con otros».
A lo que agregó: «La periodista tenía antecedentes que acreditaban que había incurrido en conductas inaceptables para el empleador».
Y para cerrar, el canal afirmó que «se le advirtió a la demandante que no se tolerarían este tipo de conductas». Además, explicaron: «Estas infracciones contractuales futuras podían ser sancionadas con la extinción del contrato de trabajo».
Sin embargo, esto no ha quedado ahí, puesto que Joaquín Cabrera, abogado de la periodista, comentó lo siguiente.«Esa acusación no es veraz ni está ratificada por ninguna autoridad laboral competente. Además, está lejos de los fundamentos planteados por Mega en la carta de despido», según consigna La Cuarta.
«No quiero pensar que es un nuevo intento por denostar y amedrentar a una profesional de excelencia que solo está ejerciendo su derecho; el mismo que todo trabajador debiera poder reclamar sin represalias y amenazas encubiertas», expresó.
