Hace unos días se convirtió en el centro de la noticia el caso del presidente del directorio de La Clínica Las Condes, Alejandro Gil, quien recibió la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, a pesar de que aún no se aprueba su utilización.
Es tras esto que no solo se llenó de críticas por todos lados, sino que también la Seremi de Salud Metropolitana le cursara un sumario sanitario al recinto, quienes recientemente salieron a responder.
De acuerdo a un documento revelado por T13, desde clínica Las Condes pidieron anular el sumario en su contra, ya que se «ha cumplido con la normativa sanitaria vigente».
Siguiendo por esta línea, según lo que señala la institución privada hay «vicios legales» en los cargos generados en su contra, ya que no se detallaría claramente cuáles son las infracciones cometidas.
Para ellos, como centro de salud han «cumplido con la normativa asociada a la vacunación contra el COVID-19 y, en el caso de considerarse una eventual infracción, ésta ha sido de ínfima entidad».
«En el caso que la autoridad decida aplicar una sanción, esta carecerá de fundamento porque la propia administración se encuentra pronta a implementar, a la brevedad, la aplicación de una tercera dosis a la población nacional» afirmaron desde Clínica Las Condes.
Habría más casos con la tercera dosis
Pero la cosa no se queda ahí, ya que desde Clínica Las Condes afirmaron que el caso de Gil no sería el único. Pues se habría detectado otras cuatro personas que recibieron la tercera dosis de la vacuna en la institución, lo que fue «debidamente informados a la autoridad sanitaria».
Frente a esta situación indicaron que «se administró e informó a la autoridad sanitaria de la aplicación de una tercera dosis de vacuna, la respuesta oficial fue el seguimiento y estudio de la situación, pero no la apertura de un sumario sanitario como intempestivamente ocurre ahora».
De acuerdo a la clínica, ante «casos análogos», la diferencia con la que se ha medido ha sido «abismal» y afirmaron que la autoridad «ha obrado en forma diametralmente opuesta en el ejercicio de su potestad pública».
