A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la ONU expresó lo observado por su panel de expertas y expertos locales, condenando el uso excesivo de la fuerza y los actos de violencia en el marco de las recientes protestas en Chile.
Remarcando que «al menos 20 personas murieron y alrededor de 1600 resultaron heridas, incluyendo agentes de policía, en protestas que comenzaron a principios de octubre por el aumento de los costos de transporte y desigualdad profundamente arraigada». El organismo dio cuenta de los hechos que llevaron al estallido social, remarcando que «la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas».
Además, señalaron que «el elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad», declararon los expertos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos.
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Junto a eso, manifestaron una profunda preocupación «por los informes sobre el uso excesivo de la fuerza contra las personas antes de la detención; y por la información recibida sobre abusos perpetrados en contra de niños y niñas, malos tratos y golpes que podrían constituir tortura». Además de los casos de violencia sexual en contra de mujeres, hombres y adolescentes, destacando también el rol activo de mujeres y niños en las protestas. «El Estado debe abordar sus preocupaciones específicas en materia de protección», aseguraron.
«El Gobierno de Chile tiene la obligación no sólo de respetar los derechos humanos, sino de proteger a las personas contra los actos de violencia cometidos por particulares. Debe permitir que las protestas se lleven a cabo aislando a los que recurren a la violencia, al mismo tiempo que garantiza que todas las personas en el país puedan disfrutar de sus derechos», indicaron.
Celebrando la decisión de las autoridades de invitar una misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al país, se indicó que la misma evaluará «la situación de los derechos humanos relacionados con las protestas y el estado de emergencia en Chile, incluyendo la identificación de los principales patrones de violaciones de derechos humanos, el análisis de la respuesta de las instituciones del Estado chileno, así como las causas relacionadas con las protestas».
Al cerrar, el grupo aseguró estar «manteniendo correspondencia con las autoridades», quienes han manifestado «su voluntad expresa de perseguir y determinar las responsabilidades en casos de violaciones de los derechos humanos, en particular las cometidas por agentes del Estado», afirmaron.
